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Aunque estos aspectos no son
independientes, me referiré expresamente a la situación de la
cooperación entre la universidad y la empresa en investigación,
porque considero que debe emerger como un objetivo esencial en el futuro para
nuestro país.
El sistema español de
ciencia y tecnología ha mejorado significativamente en las dos
últimas décadas, pero mantiene una debilidad en el esfuerzo de
I+D desde el sector empresarial y un escaso aprovechamiento del sistema
público. Si se quiere acelerar el proceso de mejora, los papeles que
juegan la universidad y la empresa en una sociedad moderna ya no pueden
plantearse de forma aislada. Toda universidad pública debe contribuir a
la generación de nuevo conocimiento científico y
tecnológico, no necesariamente a corto plazo, pero también debe
asumir la necesidad de realizar una investigación orientada a problemas
más inmediatos de interés empresarial, para el que la
cooperación estrecha con este sector es fundamental. Es cierto que no
todas las universidades pueden y deben hacer lo mismo. Así, han sido
tradicionalmente, las universidades politécnicas las que han tenido una
mejor disposición a la cooperación con los sectores
empresariales, concediéndoles un papel predominante en su estrategia
institucional de I+D.
La financiación de esta
cooperación se realiza actualmente de dos formas: directamente por las
empresas siguiendo un modelo de investigación bajo contrato, o mediante
los instrumentos de financiación disponibles por las administraciones
públicas en los programas nacionales o europeos de I+D. Todos ellos han
promovido una cooperación entre la universidad y la empresa basada en la
ejecución de proyectos de I+D concretos, pero limitados en el tiempo, en
los objetivos, y en el volumen de actividad realizada.
Este hecho ha tenido efectos
positivos en la consolidación de los grupos de investigación
universitarios, pues ha facilitado la estabilidad de sus recursos humanos. No
obstante, este tipo de cooperación es insuficiente cuando se trata de
apoyar conjuntamente una línea de investigación durante periodos
prolongados, en sintonía con la estrategia de innovación de las
empresas, ya que no obliga a la asunción de riesgos a medio y largo
plazo por ambas instituciones. La extensión de esta visión para
lograr acuerdos de carácter más estratégico a largo plazo
choca con la mentalidad empresarial (y también universitaria) de limitar
en el tiempo los compromisos adquiridos. Su extensión dependerá
de la capacidad de crear la suficiente credibilidad mutua y de la
disponibilidad de instrumentos de financiación adecuados.
Un esquema de mayor compromiso
institucional es la creación de entidades conjuntas de I+D+I, ya sean
centros de I+D o centros tecnológicos, bajo una fórmula de
personalidad jurídica propia, que generen un claro valor añadido
tanto en la universidad como en la empresa. La financiación existente
para los parques científicos y tecnológicos promovidos desde las
universidades puede apoyar este proceso si se acompaña de una voluntad
de implicación real por parte de las mismas.
Más recientemente, ha
aparecido otro factor que influirá en la evolución futura de la
cooperación entre la universidad pública y la empresa. Me refiero
a la valoración de la actividad investigadora de éstas por los
gobiernos de las Comunidades Autónomas (CC AA), de los que dependen como
base de su financiación institucional. En el caso de la Comunidad de
Madrid, las universidades públicas madrileñas han alcanzado
recientemente un acuerdo con la administración regional, con el fin de
objetivar las transferencias corrientes a partir de un conjunto de indicadores
tanto de la actividad docente como de la investigadora.
Los criterios que definen los
recursos que se destinan a la investigación (alrededor del 25% del
total) incluyen, con diferente peso, los sexenios de investigación
concedidos al profesorado, las publicaciones científicas, la
obtención de recursos en proyectos de investigación en
convocatorias de los planes regionales, nacionales o europeos de I+D, los
becarios oficiales de investigación y las tesis doctorales
leídas, además del volumen económico de los recursos que
se obtienen en proyectos con las empresas (a través del artículo
83 de la Ley Orgánica de Universidades). Los objetivos de mejora se
refieren, fundamentalmente, a las variaciones interanuales de estos
objetivos.
El conjunto elegido de criterios
de financiación debe permitir a cada universidad definir su propia
estrategia institucional en función de su especificidad, su cultura
investigadora, sus capacidades y prioridades. Primar en todos los criterios
seleccionados la cooperación entre la universidad y la empresa, y hacer
llegar a cada profesor que su esfuerzo en este ámbito influye
directamente en la financiación de su universidad, es una estrategia y
una oportunidad que puede ser muy importante para fortalecer el sistema de
ciencia y tecnología de nuestro país. Será la primera vez
que así ocurra y marcará un camino para introducir
institucionalmente la cooperación en investigación entre la
universidad y la empresa como elemento clave para la financiación
pública de las universidades.
En resumen, si bien se dispone
de instrumentos de financiación adecuados para una colaboración
basada en contratos de investigación concretos, debemos dar un salto
cualitativo que nos permita pasar a una cooperación estable a largo
plazo. En ese proceso, debe evitarse una confrontación con una
visión de la universidad enfocada exclusivamente hacia una
investigación de corte académico. Propugno la definición
por parte de las universidades de una estrategia institucional de
cooperación a largo plazo con las empresas que los poderes
públicos deben apoyar sin reservas de forma coordinada. Confío en
que las universidades sepan asumir el liderazgo institucional que les
corresponde.
Fuente: El País
Gonzalo
León
Vicerrector de Investigación
de la Universidad
Politécnica de Madrid |
