Entre las aspiraciones que en el año 2000 se explicitaron en la Estrategia de Lisboa, la UE decidió apostar por la modernización del modelo social europeo, mediante la inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social.

Al aumentar las oportunidades de aprendizaje y formación de los europeos, y con ello su nivel educativo, se aspira a varios retos ambiciosos: mejorar el nivel y la calidad del empleo para contribuir al dinamismo de la economía europea, aumentar el nivel de bienestar social de la población europea y reducir los focos de marginación para favorecer la máxima integración social en la UE.

Se pretende que todo ciudadano europeo posea los conocimientos que le permitan vivir y trabajar en la Sociedad de la Información, lo que exige políticas públicas activas que aumenten la inversión en formación y educación, que construyan infraestructuras del conocimiento y que establezcan cauces adecuados para el acceso generalizado a las mismas por parte de todos los europeos.

Para lograr lo anterior, la UE fijó como objetivo concreto conseguir que en el año 2010 el 85% de la población europea mayor de 22 años tenga educación secundaria superior.

Los resultados obtenidos por el momento no son nada satisfactorios. Curiosamente, se aprecia un significativo estancamiento en el mismo: a finales de 2004 el porcentaje alcanzado era el 76,4%, y en el 2002 el nivel educativo de que disponían los europeos eran el 76,6%. Los países del Este presentan en este objetivo una situación ventajosa respecto al conjunto de la Unión. En el extremo opuesto se encuentran Portugal y Malta, en tanto que España ocupa el antepenúltimo lugar (sólo un 62,5% de sus mayores de 22 años tiene un nivel de enseñanza secundaria superior).

La realidad española es ciertamente pobre, lejos del objetivo fijado para 2010 y a considerable distancia de la media europea. El dato es aún más negativo de lo esperado: la evolución está siendo claramente regresiva. En 2002 el porcentaje se situaba en el 64,9% y en 2003 en el 63,4%.

Además, entre los jóvenes españoles (población comprendida entre 20 y 24 años) el porcentaje de los que tienen educación secundaria superior es el 61,8%, a casi 15 puntos porcentuales de distancia de la media europea (76,7%) y prácticamente a 30 puntos del país que lidera este ranking (Eslovaquia, con el 91,3%). Es verdad que este dato, del mismo modo que el anterior, es estático y con toda probabilidad ambos están afectados por el fenómeno de la llegada masiva de inmigrantes -por lo general, con bajos niveles de formación- que caracteriza a la economía española en los últimos años.

Por otro lado, los datos publicados por Eurostat exponen que el porcentaje de población española mayor de 24 años y menor de 65 que recibe anualmente algún tipo de formación es un reducido 5,2%, muy distanciado del correspondiente a la media europea (9,4%), y enormemente distanciado de países como Suecia (35,8%), Dinamarca (27,6%), Finlandia (24,6%), Reino Unido (21,3%), Eslovenia (17,9%), Holanda (16,5%) o Austria (12%).

El último estudio comparado publicado por Eurostat, en el que se expone la relación entre gasto público en educación y PIB de los diferentes países de la UE, España ocupa el antepenúltimo lugar con un modesto 4,2%, cuando 12 países superan el 6%, y de ellos tres el 7% (la media europea es el 5,3%). Probablemente este dato sintetice el escaso compromiso de la sociedad española con el objetivo de la cumbre de Lisboa.

Sin duda, la formación es uno de los factores que en mayor medida explican el liderazgo de los países, lo que determina que la inversión en educación tenga un valor estratégico y de futuro. En función de los datos analizados, es evidente que en este campo España no está realizando el esfuerzo que debiera, situación que debiera invertirse con urgencia y con energía.

Fuente: Cinco Días