Aunque España ha logrado avances notables en su sistema de educación superior, sus universidades todavía están lejos de figurar entre las mejores del mundo. El autor, Andreas Schleicher, sostiene la necesidad de revisar el sistema de financiación y gestión de los centros.

Pocos países han tenido tanto éxito como España en expandir el acceso a la educación superior. Cuando se compara el porcentaje de personas que obtuvieron un titulo universitario en los años sesenta y en los noventa, todos los países de la OCDE han experimentado progresos, pero sólo Corea del Sur ha avanzado más deprisa que España.

España ha pasado de ocupar la posición 20 del ranking de los 30 países de la OCDE en los años sesenta a ocupar la número siete en los años noventa.

Hoy, una de cada cuatro personas con edad comprendida entre 25 y 34 años obtiene un título universitario en España. A menudo, se sospecha que el aumento del número de titulados esté acompañado de una rebaja del nivel de exigencia. Nosotros todavía no hemos sido capaces de verificar esa teoría al evaluar los títulos universitarios con una comparación similar a la aplicada por el sondeo PISA en los resultados escolares hasta los 15 años. De todos modos, comparar el valor en el mercado de los títulos obtenidos en diferentes países puede deparar algunas enseñanzas. Y en ese terreno, hay indicios de que no todo va tan bien como debería en las universidades de España.

Las comparaciones muestran que la inversión en educación universitaria suele reportar dividendos positivos importantes, a nivel individual y colectivo, en los países de la OCDE. Eso es cierto tanto en términos financieros como en términos de resultados económicos y sociales más generales, como el incremento de la productividad laboral y la mejora de la salud mental y física. En algunos de los países en los que la expansión del acceso a la universidad es más acentuada se han visto los mayores incrementos en los ingresos, lo cual sugiere que, en general, no se ha producido la llamada inflación de los títulos de alto nivel.

Pero ahí estriba exactamente la diferencia entre la evolución de España y la tendencia general de los países de la OCDE. En 1997, la prima de ganancia para un titulado superior en España era todavía del 49%. En 2001 cayó al 29%, menos de la mitad que el 62% que es la media de la OCDE.

El salario y los beneficios laborales de los titulados de más alto nivel siguen siendo en España bastante significativos, de modo que los estudiantes que terminan el bachillerato tienen buenas razones para seguir invirtiendo en su formación. Sin embargo, las tendencias mencionadas sugieren que no basta ofrecer más títulos universitarios de las mismas carreras.

La financiación puede ser parte de la respuesta. Mientras que el gasto en la educación terciaria ha aumentado en España un 32% entre 1995 y 2002 en términos reales, continúa estando, con 8.100 euros por estudiante, muy por debajo de la media europea de 11.500 euros y es casi la mitad que el nivel de gasto en EE.UU. Existe una diferencia que no se ha cubierto.

Los países nórdicos ofrecen ejemplos en los que un gasto público masivo en la educación superior redunda en grandes dividendos para los ciudadanos y para la sociedad. Este sistema es difícil de emular con las actuales restricciones en los presupuestos públicos en España. Por otro lado, hay alternativas exitosas. EE.UU., Australia, Japón y Corea han logrado mejorar el acceso a la educación superior haciendo que los estudiantes paguen una parte del coste de su formación. España, por el contrario, al no realizar la inversión pública necesaria y no permitir que las universidades eleven las tasas por sí mismas, puede acabar, como otros muchos países de la Europea continental, provocando el estancamiento de sus universidades.

No hay que olvidar que el gasto por sí solo no es garantía de mayor calidad. Los Gobiernos deben crear y mantener un sistema universitario con diversidad y sostenible, basado en instituciones de calidad muy alta y con libertad para responder a la demanda y demostrar los resultados que obtienen. El objetivo debe ser garantizar que el crecimiento y desarrollo de los sistemas educación superior se gestiona de manera que mejoren el acceso y la calidad y se refuerce la igualdad.

Para ello, las políticas de financiación y de apoyo a los estudiantes deben movilizar los recursos públicos y privados de manera que se reflejen mejor los beneficios sociales y particulares de la educación terciaria. Necesitan desarrollar una capacidad de gestión y liderazgo comparable a la de las empresas más modernas. Deben introducir estrategias de financiación y de gestión de recursos humanos adecuadas, para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo y responder a criterios de control precisos. Y las universidades modernas deben estar gobernadas por órganos que reflejen unos intereses más amplios que los de la comunidad académica.

No hay duda de que la demanda mundial de más y mejores títulos sigue aumentando. España lo está haciendo bien en cuanto a ofrecer a sus jóvenes la oportunidad de cursar estudios universitarios, pero deberá lograr que su éxito en expandir la cantidad de universitarios vaya unido con la introducción de estándares de calidad competitivos internacionalmente. Y quizá no necesite buscar fuera los modelos para lograrlo.

Fuente: Cinco Días