Según las percepciones y estudios realizados a lo largo de los últimos años en el ámbito de la Unión Europea (UE), la modernización de la administración en los 25 países que actualmente la forman, podría ahorrar muchos millones de euros, tal y como se resalta en el Plan de Acción eGovernment impulsado desde Bruselas, desde principios de este año.

Se constata una mejoría y una ampliación de los servicios públicos on-line en toda la UE, llegando a un nivel de sofisticación importante, que mejora y amplía los cauces de comunicación y conocimiento entre las administraciones y los ciudadanos, que es otra de las iniciativas que se pretenden estimular desde el marco comunitario, para el próximo periodo estratégico europeo, que va desde 2007 a 2013.

De acuerdo con una estudio estadístico (referencia IP/06/875) realizado por la Comisión, el 50% de los servicios telemático relacionados con procesos administrativos, permiten al ciudadano llevar a cabo la totalidad del proceso on-line.

Además, en ese estudio se destaca que el índice de sofisticación de dichos servicios ha aumentado un 6% en 2006 (respecto a datos de 2004) en la UE de los 15, y un 16% en la UE de los 10, reflejando los esfuerzos que se están llevando a cabo los últimos recientes desde los diferentes países.

Austria lidera la liga de servicios públicos on-line, seguida de Malta y Estonia. España aumenta en el grado de sofisticación de servicios, mientras que se estanca en el número de servicios ofrecidos.

Una de las peculiaridades que rige la generación de los servicios electrónicos y telemáticos es la triple identificación del usuario, como consumidor (requiere mejores servicios), pagador de impuestos (necesidad de obtener más servicios por menos impuestos) y como ciudadano (obligación de mantener una buena gobernanza).

En contraposición, la legislación y regulación de cada país dificulta o retrasa la adopción de algunos de los servicios técnicamente viables y económicamente más rentables (en términos de ahorro presupuestario).

Las diferencias que también se dan en la tradición administrativa y cultural en Europa, entre:

• los países del norte (Dinamarca, Suecia, Finlandia y también Holanda), por su histórica libertad de información e importancia de la democracia local, en los que la e-Administración hace énfasis en la transparencia y la democracia;
• los países anglo-irlandeses (Reino Unido e Irlanda, angloparlantes), en los que se impulsa la eficiencia y sociedades en las que existen instituciones no gubernamentales con gran influencia, la e-Administración se ve como una consecuencia de la nueva economía, y por tanto debe estar impulsada por las necesidades de los negocios;
• los países centro-occidentales (Francia, Bélgica y Luxemburgo, francófonos), con tradiciones de estados centralistas y sectores públicos muy fuertes, en los que se priman los derechos y deberes de los ciudadanos. En estos estados resulta relativamente sencilla la integración de servicios de e-Administración;
• los países centro-orientales (Alemania y Austria, germanófonos), en los que el sector público también goza de gran importancia, con unas estructuras federales fuertes y un centralismo débil, que dificultan la homogeneidad en la integración de estos servicios;
• los países de sur de Europa (Italia, España, Portugal y Grecia), donde las organizaciones cívicas no gubernamentales poseen un rol muy fuerte, y donde el rol del gobierno central se limita a la estandarización y a la financiación, la e-Administración pone énfasis en el gobierno ciudadano y regional;
• y por último, los nuevos países miembros (Europa del Este y estados Mediterráneos), donde la heterogeneidad propia dificulta la generalización, pero básicamente se propugnan los servicios públicos universales.

En Euskadi, el gasto de la Administración General ha supuesto una media del 0,90% del PIB vasco en los últimos años.

Entre las estrategias de mejora que se están poniendo en marcha en los últimos años destacan los sistemas interactivos de información al ciudadano (páginas web), oficinas de gestión unificada, evaluación de programas, sistemas integrados de información, etc. Algunos expertos (RAMIÓ) consideran que estos proyectos, más que modernizadores, se limitan a ser ensayos de mejoras muy concretos, en determinados servicios.

Ciertas experiencias de unificación de trámites, de ventanilla única, de mejor atención a los ciudadanos, y una extensible retórica modernizadora y de los cursos de formación en Gestión Pública podría ser el balance de estos proyectos.

Sin embargo, los grandes problemas organizativos como el rediseño organizativo, la presupuestación, la fiscalización, la contratación pública, la política de recursos humanos y la función directiva, por mencionar alguno, siguen sin ser abordados, tal vez por la falta de verdadera convicción en su implantación.

Los ciudadanos desconocen la complejidad de las competencias de las diferentes administraciones e instituciones, y lo que demandan de ellas es una respuesta coordinada y única.

En contraposición a esto, los servicios y las políticas son cada vez más transversales, lo que obliga a impulsar la coordinación y cooperación interdepartamentales e interinstitucionales, que suponen un cambio en la manera de concebir la Política (y las Políticas).

En definitiva, el desarrollo de la e-Administración es un reto para las Administraciones del siglo XXI. Cada administración, en su ámbito competencial, deberá afrontar numerosas amenazas, ante las que no debería dejarse llevar por las tendencias tecnológicas del momento, sin realizar una reflexión estratégica sobre los objetivos y contenidos reales que pretenden dar a cualquier proyecto que utiliza las TIC como herramienta.

En los próximos años, es preferible no hablar de servicios on-line línea o de e-Administración si no existe una verdadera voluntad política y directiva para transformar las organizaciones y adaptarlas a los requerimientos que supone configurar una Administración orientada a los ciudadanos, transparente, receptiva, ágil y flexible.